La fecha l\u00edmite para aprobar las cuentas anuales se acerca y queremos aprovechar para recordarte las consecuencias derivadas del incumplimiento de esta obligaci\u00f3n mercantil.<\/p>\n
El r\u00e9gimen sancionador de la Ley de Sociedades de Capital establece, en primera instancia, que el incumplimiento por el \u00f3rgano de administraci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de depositar las cuentas dentro del plazo establecido, dar\u00e1 lugar al cierre del registro Mercantil para la sociedad mientras el incumplimiento persista adem\u00e1s de la imposici\u00f3n de una multa cuyo importe oscila entre de 1.200 a 60.000 euros.<\/p>\n
Es importante saber que, aunque sea fuera de plazo, hay que presentar las cuentas lo antes posible, ya que si se produce el dep\u00f3sito con anterioridad al inicio del procedimiento sancionador, la sanci\u00f3n se ver\u00e1 reducida en un 50%.<\/p>\n
El cierre del Registro Mercantil impide a los terceros conocer la situaci\u00f3n financiera de la sociedad, produciendo a efectos legales la presunci\u00f3n para los acreedores o terceros de la existencia de complicaciones econ\u00f3micas o de gesti\u00f3n de la sociedad, algo que no conviene en absoluto.<\/p>\n
Dado que los administradores de una sociedad responden frente a la sociedad, los socios y los acreedores sociales, del da\u00f1o que causen por actos u omisiones contrarios a la ley o a los estatutos o por los realizados incumpliendo los deberes inherentes al desempe\u00f1o del cargo, es evidente que si no se presentan las cuentas en plazo se le podr\u00edan reclamar los da\u00f1os y perjuicios causados.<\/p>\n
A esta responsabilidad hay que sumar la responsabilidad por deudas, es decir, por no actuar cuando la situaci\u00f3n econ\u00f3mica de la sociedad es de insolvencia o incluso de concurso y no disolver o liquidar la sociedad o, en su caso, por no instar la declaraci\u00f3n del concurso de acreedores, situaci\u00f3n que se puede dar pero desconocerse al no haber formulado y presentado las cuentas anuales en los plazos marcados por la normativa. En este caso, aquellos administradores que no act\u00faen diligentemente en el plazo de dos meses cuando se constate que en la sociedad concurre una causa legal de disoluci\u00f3n, incurren en responsabilidad solidaria con su propio patrimonio por las deudas de la sociedad.<\/p>\n
Como vemos, las consecuencias que pueden derivarse del retraso de este plazo son muy graves por lo que conviene contar con un profesional para llevar nuestras cuestiones mercantiles al d\u00eda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"